El 3 de junio de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal en España para adecuarse al modelo de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este cambio supone una transformación en la forma en que se reconoce y protege la autonomía de las personas con discapacidad, alineándose con los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006, ratificada por España en 2008. La ley responde a una necesidad histórica de eliminar modelos tutelares y sustituirlos por sistemas de apoyo que respeten la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.
A continuación, analizaremos en psiquiatriayvida.com los aspectos clave de esta reforma, el actual sistema de apoyos, y los servicios de asesoramiento jurídico que están disponibles para las personas con discapacidad y sus familias.
El Contexto Legal: De la Incapacitación al Modelo de Apoyos
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece en su artículo 12 el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley, reconociendo la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Este precepto supone una condena al tradicional modelo de incapacitación judicial, que permitía restringir la capacidad de obrar de las personas con discapacidad en base a una presunción de incapacidad. La CDPD aboga, en su lugar, por un modelo de apoyos, que implica que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones según sus deseos y preferencias, contando con el apoyo necesario para hacerlo.
La Ley 8/2021: Transformando la Capacidad Jurídica
La Ley 8/2021 implica un cambio fundamental en el ordenamiento jurídico español, aboliendo la incapacitación judicial y las figuras tradicionales de tutela. Hasta la entrada en vigor de esta reforma, las personas con discapacidad que no podían tomar decisiones por sí mismas eran objeto de incapacitación judicial, lo que conllevaba la asignación de un tutor o curador que asumía la toma de decisiones en su nombre.
Con la nueva ley, se reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y se crea un marco que permite proporcionarles los apoyos necesarios para que puedan ejercer su capacidad de acuerdo con su voluntad. Estos apoyos pueden ser de naturaleza diversa, desde el acompañamiento en la toma de decisiones hasta la asistencia en la comunicación o la comprensión de información.
Principios Fundamentales de la Reforma
La Ley 8/2021 se basa en varios principios clave:
- Respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad: el apoyo se orienta a que la persona pueda tomar decisiones conforme a sus deseos, no a sustituir su voluntad.
- Proporcionalidad y flexibilidad de los apoyos: los apoyos deben ajustarse a las necesidades específicas de cada persona, en función de su situación concreta.
- Revisión periódica de las medidas de apoyo: las medidas de apoyo deben revisarse para asegurar que siguen siendo adecuadas a las necesidades y circunstancias de la persona.
El Nuevo Sistema de Apoyos
Qué Son los Apoyos y Cómo Funcionan
El concepto de apoyos es amplio y flexible, abarcando tanto el ámbito familiar como el profesional, y puede incluir medidas formales o informales, según la situación de la persona con discapacidad. Entre los posibles apoyos, se incluyen:
- Acompañamiento en la toma de decisiones: personas que asisten a la persona con discapacidad proporcionándole la información o el asesoramiento necesario para tomar decisiones informadas.
- Asistencia en la comunicación: intermediarios que ayudan a que la persona pueda expresarse o comprender mejor la información relevante para sus decisiones.
- Administración patrimonial asistida: en casos donde la persona necesita ayuda para gestionar sus bienes, pero siempre conforme a sus deseos.
La intervención de los tribunales sigue existiendo, pero bajo un enfoque de asistencia, no de sustitución de la voluntad. En lugar de incapacitar, los jueces podrán establecer medidas de apoyo personalizadas que se revisarán periódicamente para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la persona.
Mecanismos Judiciales de Apoyo
Aunque se ha eliminado la incapacitación judicial, la ley prevé que, en situaciones excepcionales, los tribunales puedan intervenir para designar apoyos formales, como curadores, que proporcionarán la asistencia necesaria. No obstante, incluso en estos casos, la persona con discapacidad conserva el derecho a participar en la toma de decisiones. Además, se eliminan las figuras tutelares, y los curadores actúan bajo la supervisión judicial.
La curatela se concibe como un mecanismo subsidiario y temporal, utilizado solo en casos donde no se puedan proporcionar apoyos menos restrictivos. El objetivo es evitar que las personas con discapacidad pierdan el control sobre su vida y decisiones.
Servicios de Asesoramiento Jurídico para las Personas y Familias Afectadas
Apoyo Jurídico y Asesoramiento Especializado
Las personas con discapacidad y sus familias tienen a su disposición una serie de recursos y servicios de asesoramiento jurídico especializado, que pueden ayudarles a entender y ejercer sus derechos bajo la nueva normativa. Estos servicios pueden proporcionar información sobre el acceso a apoyos, cómo solicitar medidas de asistencia judiciales o extra-judiciales, y la revisión de los mecanismos de apoyo existentes.
Algunas organizaciones que proporcionan este tipo de servicios en España incluyen:
- CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad): proporciona servicios de orientación legal, y es un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
- Fundación Aequitas: vinculada al Consejo General del Notariado, esta entidad proporciona asesoramiento legal gratuito para personas con discapacidad y sus familias, en temas relacionados con la capacidad jurídica, patrimonial y personal.
- Oficinas de Atención a la Discapacidad (OADIS): dependientes del Ministerio de Derechos Sociales, estas oficinas ofrecen servicios de orientación y asesoramiento legal.
- La Oficina de la Defensa de la Federación Salud Mental Madrid ofrece asesoramiento y protección de los derechos de personas con problemas de salud mental. Su objetivo es garantizar el respeto a sus derechos, promover la igualdad y ofrecer apoyo jurídico frente a posibles vulneraciones.
- Los Centros Base de la Comunidad de Madrid son unidades de valoración y atención para personas con discapacidad. Ofrecen servicios de evaluación, orientación y seguimiento en áreas como la discapacidad, dependencia y acceso a recursos sociales, con el objetivo de facilitar su integración y acceso a ayudas.
- Los trabajadores sociales en los centros de salud proporcionan orientación y apoyo a personas con discapacidad, ayudándolas a acceder a recursos y servicios sociales. Facilitan la tramitación de ayudas, coordinan con otros servicios comunitarios y diseñan planes personalizados para mejorar su calidad de vida e integración social.
Procedimientos de Revisión y Solicitud de Apoyos
Los afectados pueden recurrir a los tribunales para solicitar medidas de apoyo en caso de que no existan mecanismos adecuados en el ámbito familiar o social. El proceso judicial es flexible y tiene como objetivo principal garantizar que la persona con discapacidad pueda tomar decisiones de la manera más autónoma posible.
Asimismo, las medidas de apoyo adoptadas pueden ser revisadas a instancia de la persona con discapacidad o de sus allegados, si se considera que las circunstancias han cambiado o que los apoyos establecidos no se ajustan a las necesidades actuales.
En psiquiatriayvida.com creemos que la Ley 8/2021 representa un avance significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en España, transformando el sistema de incapacitación en un modelo de apoyos centrado en la persona. Esta reforma, alineada con los principios de la CDPD, reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y pone el foco en proporcionar los apoyos necesarios para que puedan ejercerla de forma autónoma.
Para las personas con discapacidad y sus familias, esta ley no solo supone un cambio en términos de derechos, sino también la necesidad de contar con asesoramiento especializado para navegar por este nuevo paradigma. Las organizaciones y servicios jurídicos dedicados a esta labor desempeñan un papel crucial en garantizar que la transición a este nuevo modelo sea efectiva y respetuosa con la dignidad y autonomía de las personas afectadas.
